Repudiamos la intervención al
Partido Justicialista decidida por la jueza Servini de Cubría por considerarla
arbitraria y carente de todo sustento legal.
Consideramos que es un golpe a la
democracia misma que atenta contra la participación de la ciudadanía en su
indelegable rol de decidir los destinos de la Patria, judicializando la
política e intentando borrar el normal funcionamiento de los partidos políticos,
pilares fundamentales de todo sistema democrático.
Este golpe a la democracia cobra
una dimensión adicional al caer sobre el peronismo, ya que se constituye en un nuevo intento de
proscripción de este movimiento por parte de las elites antipopulares. Macri y
sus empleadores pretendan disponer de la estructura histórica del justicialismo,
utilizando para ello a personajes históricamente funcionales a la derecha.
Es un nuevo episodio de la
ofensiva político-mediático-judicial contra cualquier atisbo de oposición al
modelo de exclusión de Cambiemos. Este avasallamiento de la democracia es
orquestado por los capitales trasnacionales para poder avanzar hacia la
precarización laboral y de derechos, con correlatos en otros países de
Latinoamérica, siendo el otro caso evidente el de Brasil.
Este modelo de endeudamiento
pretende empujarnos al individualismo del “sálvese quien pueda” e
inevitablemente empuja a nuestro país hacia una crisis político-económico-institucional
similar a la de 2001.
Por estos motivos, manifestamos
nuestro más profundo rechazo a este nuevo intento del gobierno de Mauricio
Macri por condicionar las voces opositoras, utilizando una vez más al Poder
Judicial como herramienta para perseguir a quienes piensan distinto.
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